Cinco ‘parapolíticos’ ahora demandan al Estado
Por: JUAN FRANCISCO VALBUENA |
10:13 p.m. | 14 de Julio del 2013
Los excongresistas acudieron a la CIDH y piden indemnización en dólares y reparación moral.
Luego de haber sido condenados por sus nexos con grupos paramilitares, cinco excongresistas están pidiendo en las cortes internacionales indemnizaciones del Estado colombiano en dólares y el resarcimiento de su buen nombre. Acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con Ricardo Cifuentes, abogado que ha interpuesto los recursos, a esa instancia han acudido Ciro Ramírez, Odín Sánchez, Luis H. Gómez Gallo, Miguel Pinedo y Luis Alberto Gil. Todos ellos fueron condenados por ‘parapolítica’.
“Están alegando la violación de sus derechos humanos en Colombia y están pidiendo que haya una reparación moral y económica del Estado colombiano”, afirmó Cifuentes, quien advirtió que está “convencido” de la inocencia de sus clientes.
La nueva práctica la comenzó Ramírez, quien fue el primero en buscar el amparo de la CIDH, pero ya van otros cuatro que han seguido su ‘ejemplo’ y hay dos más que están pensando en presentarse ante el tribunal internacional.
Según la demanda de Gil, que fue conocida por EL TIEMPO, este pide que “se ordene al Estado colombiano pagar una justa indemnización que comprenda daños materiales e inmateriales de acuerdo con lo previsto en el capítulo correspondiente de la presente demanda”.
Esto, en palabras del abogado Cifuentes, debe ser “en dólares porque así lo determina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esto es lo que menos les interesa a ellos; lo que les importa es la reparación moral”.
“La injusta multa de orden pecuniario que acompaña la sentencia está orientada a dejar en la indigencia al señor Ciro Ramírez Pinzón y a su familia, acabando de un solo tajo con el trabajo de toda una vida”, reza la demanda del excongresista boyacense en la CIDH.
Las supuestas violaciones de los derechos humanos que alegan los ‘parapolíticos’ son básicamente tres. La primera es que fueron juzgados en única instancia, algo que, según Cifuentes, viola el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La segunda es la negativa de las altas cortes a tramitar tutelas que pedían amparar sus derechos fundamentales, y la tercera es que los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema que actuaron como sus investigadores fueron los mismos que los juzgaron.
Para el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, los demandantes “pueden tener razón”, pues Colombia tardó mucho en cumplir lo que estableció el Pacto de San José en lo que tiene que ver con la necesidad de tener una doble instancia en todos los juicios.
“Así la Corte sea una entidad muy legítima y muy confiable, la segunda instancia es una necesidad. No puedo anticipar qué va a decir la Comisión, pero lo que encuentro es razón en la demanda”, señaló Gaviria.
Otros apuestan por defender sus pensiones
Exmagistrados y excongresistas pensionados no se resignan a la rebaja de sus mesadas que ordenó la Corte Constitucional. Buscan una estrategia jurídica que les permita mantener sus pensiones, que en una buena parte de los casos están por encima de los 20 millones de pesos.
La Corte, en una decisión del pasado mes determinó que ninguno de ellos podría recibir más de 14,7 millones de pesos mensuales. En el pago de ese mes se hará efectivo el recorte.
Heraclio Vega, vicepresidente de la asociación que agrupa a los excongresistas jubilados, dijo que por ahora están a la espera de una solicitud de nulidad que le pidió la Procuraduría a la Corte.
El Ministerio Público considera que la sentencia del tribunal constitucional “demuestra una verdadera vulneración del debido proceso” y los derechos adquiridos.
Javier Henao Hidrón, presidente de Asomagister, que agremia a los exmagistrados, no ocultó su confianza en que la decisión del tribunal constitucional les sea favorable y “las cosas queden como estaban”.
Vega admitió que no descartan acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un caso similar con parlamentarios del Perú les falló a favor.
Pero de manera individual ya hay quienes hablan de tutelas y demandas.
JUAN FRANCISCO VALBUENA
Redactor de Política
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