El Espectador. com
febrero 2 de 2012.
Exparlamentarios denuncian que los enfrentamientos entre la Corte Suprema y el expresidente Álvaro Uribe influyeron en sus condenas.
Ante la justicia internacional un grupo de parapolíticos ha iniciado una verdadera cruzada para anular sus condenas. Aunque todos están sentenciados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con las autodefensas, ellos alegan que no tuvieron un juicio imparcial ni una segunda instancia, y que hubo motivaciones políticas que incidieron en sus fallos. Con esos argumentos acudieron recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En algunos casos, de hecho, estos parapolíticos han solicitado medidas cautelares para “suspender inmediatamente los efectos de la condena”, mientras la CIDH revisa de fondo sus denuncias contra la Corte Suprema. Excongresistas como Ciro Ramírez Pinzón, Luis Humberto Gómez Gallo, Odín Sánchez Montes de Occa, entre otros, lideran esta avezada iniciativa apoyándose incluso en posiciones de magistrados de la misma Corte que consideraron inconvenientes algunas actuaciones porque violaban pactos internacionales.
Por ejemplo, el recién elegido presidente de la Corte Suprema, magistrado Javier Zapata, dejó consignado un salvamento de voto en el año 2009 que hoy constituye el caballito de batalla de este reclamo de los parapolíticos. Zapata se mostró en desacuerdo en que la Corte retomara la competencia para investigar a los congresistas que habían renunciado a su curul con el fin de garantizar la doble instancia y que hubiera una separación entre la entidad que los acusaba y la que los juzgaba. En términos cristianos, Zapata criticó que la Corte les cambiara a los parapolíticos las reglas de juego en el camino.
Ante sus colegas añadió que con esto se violaban instrumentos internacionales aceptados por Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San José de Costa Rica. No obstante, su posición y la de otros tres magistrados fue derrotada en apretada votación por la mayoría de integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema. Con estos antecedentes, sumados a otros hechos puntuales de supuesta violación al debido proceso, el abogado Ricardo Cifuentes, en calidad de director de la Corporación Foro Ciudadano, encabeza esta demanda internacional.
En la solicitud de Ciro Ramírez, de 65 páginas, enviada al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, se cita una entrevista que el pasado 24 de agosto le dio a El Espectador el presidente de la Corte Interamericana, Diego García-Sayán, en la que sostuvo que la doble instancia en los procesos contra los congresistas era una obligación. Pero lo más polémico de la demanda es que hace un recuento de los agrios enfrentamientos entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno del expresidente Uribe para afirmar que hubo una persecución política. En el caso de Ciro Ramírez, por haber sido el “padre” de la reelección presidencial.
Así las cosas, el documento que hoy está en estudio de la CIDH recuerda que en el año 2006, justo cuando se inició la investigación de la llamada parapolítica, comenzó también la confrontación entre el entonces presidente de la Corte, Yesid Ramírez, y Álvaro Uribe. Todo por cuenta de las críticas del magistrado al presidente por haber terciado en favor de la Corte Constitucional sobre el polémico choque de trenes. Con una pulla adicional: en la entrevista con María Isabel Rueda el magistrado sostuvo que la Corte Suprema no era un tribunal de bolsillo, en clara alusión a la Constitucional que había aprobado la reelección de Uribe.
La demanda reseña virulentos enfrentamientos verbales entre la Corte Suprema y altos miembros del Ejecutivo en declaraciones radiales o de televisión y, a manera de ejemplo de esta tormentosa relación, cita la fuerte discusión telefónica entre Ramírez y Uribe a raíz de la mencionada entrevista. Pero además recuerda que el magistrado de la Corte Suprema Sigifredo Espinosa le pidió al presidente Uribe un favor burocrático para su hijo y que el jefe de Estado ventiló ante los medios esta situación, lo que fue motivo de una nueva pugna.
Además, se describen otros episodios como las denuncias entre el magistrado César Julio Valencia Copete y el presidente Uribe por injuria y calumnia; el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS, el espionaje injustificado a magistrados y, al mismo tiempo, el paso de personajes como el narcotraficante Giorgio Sale o el controvertido empresario Ascencio Reyes por los pasillos del alto tribunal. Ni qué decir de las denuncias públicas entre Uribe Vélez y el magistrado Yesid Ramírez, o el episodio del supuesto soborno del paramilitar Carlos Mario Jiménez (alias Macaco) para que la Corte eligiera a Mario Iguarán como fiscal en el año 2005.
En ese contexto de enfrentamientos la demanda recuerda otros episodios aún más candentes. Por ejemplo, “las amenazas de muerte que Yesid Ramírez le atribuye al presidente Álvaro Uribe”, “las acusaciones sobre la existencia de un cartel de testigos en la Corte Suprema” y la denuncia que hizo el exinvestigador del CTI Juan Carlos Díaz, quien sostuvo en una grabación clandestina, que le hiciera la procesada Nancy Patricia Gutiérrez, que “él no podía incluir pruebas que favorecieran a los congresistas investigados”.
Por último, el documento conocido por este diario refiere un cable diplomático de Wikileaks divulgado por El Espectador el 14 de agosto de 2011, en el que la Embajada de Estados Unidos en Colombia señaló “que el magistrado auxiliar Iván Velásquez habría afirmado que en la Corte se pensaba que la Fiscalía no era rigurosa como aquella en las investigaciones a los congresistas”. Y de colofón se pone de presente el célebre caso Tasmania, en donde se probó un complot para desacreditar al alto tribunal por sus investigaciones. En síntesis, esta demanda internacional traslada a la CIDH el contexto de las confrontaciones entre el gobierno pasado y la Corte.
Un escenario del que se vale para advertir que pudieron haber intereses políticos en los fallos judiciales que hoy se controvierten ante la CIDH. Queda claro que está a punto de abrirse un nuevo debate alrededor de los parapolíticos y su juzgamiento en la Corte Suprema. Fuentes consultadas le dijeron a El Espectador que se trata, ni más ni menos, de una iniciativa más de estas personas para burlar a la justicia, que en ningún momento se les violaron sus derechos y que están probadas sus responsabilidades como promotores de grupos de autodefensa o que se beneficiaron electoralmente de estos nexos.
En el mundo jurídico, sin embargo, no hay pleno acuerdo sobre las implicaciones de una demanda de esta naturaleza ante la CIDH. El penalista Jaime Granados considera que los parapolíticos están en su derecho de presentar este recurso y que en el sistema interamericano existen precedentes para garantizar la doble instancia, en casos ocurridos en Argentina, Costa Rica, Nicaragua y Perú. Sin embargo, Luis Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, sostiene que la Corte Suprema colombiana ha garantizado la suficiente imparcialidad para asegurar que sus decisiones han sido justas. “Pueden demandar, lo que no significa que el proceso vaya a prosperar”, indicó Pérez.
Este diario conoció que demandas en igual sentido están siendo preparadas por varios exparlamentarios procesados por sus nexos con las autodefensas. ¿Puede la CIDH intervenir en los fallos de la Corte Suprema de Justicia? El debate está servido.
“Reclamamos justicia”
En diálogo con El Espectador, el presidente de la Corporación Foro Ciudadano, Ricardo Cifuentes, sostuvo: “Ante las cortes internacionales estamos ventilando los juicios seguidos en contra de varios excongresistas, procesados en nuestro sentir en juicios violatorios de los derechos humanos. Los medios de información acusan politización de la justicia, además de la ausencia de la doble instancia y la separación funcional entre el juez que acusa y el que condena”.
Doble instancia en la reforma a la justicia
Uno de los puntos que hacen parte de la columna vertebral de la actual reforma a la justicia que se tramita en el Congreso, acto legislativo que a partir de marzo comenzará su segunda vuelta, tiene que ver con la doble instancia en el juicio a senadores y representantes a la Cámara.
Según lo aprobado hasta ahora, se creará una sala de investigación y calificación y una sala de juzgamiento, las cuales adelantarán respectivamente las etapas de investigación y juzgamiento en primera instancia de los procesos contra dichos aforados.
Cada una de estas dos salas estará integrada por cinco magistrados, quienes deberán cumplir con las calidades exigidas para el cargo. Éstos serán elegidos por los presidentes de las altas cortes a través de una convocatoria pública, para un período de cuatro años sin posibilidades de reelección. Además no podrán ser miembros de la Corte Suprema. La segunda instancia se cumplirá ante la Sala Penal de ese alto tribunal.
